Disoluciones: El Eterno Conflicto por Controlar el Congreso

Desde el autogolpe de Fujimori hasta las disoluciones de Vizcarra y Castillo, el enfrentamiento entre presidentes y el Congreso ha definido la política peruana, desatando crisis y controversias que han sacudido al país.

Reportaje 09/07/2024 Gabriel Lara y Adriano Gomez Gabriel Lara y Adriano Gomez
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Fotografía en el suelo de Fujimori, Vizcarra y Castillo. FOTO: Adriano Gómez.

Los peruanos desprecian al congreso. A lo largo de la historia, ha sido el principal antagonista de cada presidente, cumpliendo un rol fiscalizador que frecuentemente incomoda a los inquilinos de la Casa de Pizarro. Desde los primeros días de la república, el enfrentamiento entre estos dos poderes del Estado ha sido una constante, definiendo gran parte de la política peruana.

Este rol fiscalizador, aunque necesario, ha sido motivo de descontento y confrontación, ya que a menudo resulta inconveniente para los presidentes que buscan implementar sus agendas sin mayores obstáculos. Este antagonismo se manifiesta y continúa siendo un elemento distintivo de nuestra política.

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Fachada principal del Congreso de la República. Foto: Adriano Gómez.

El abogado en Derecho, Raúl Corzo Almeyda, menciona que, para resolver los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, la Constitución peruana prevé dos mecanismos legales: la disolución del Congreso y la vacancia presidencial. Las constituciones anteriores no otorgaban al Presidente de la República la facultad de disolver el Congreso. Sin embargo, esta práctica se legalizó con la promulgación de la Constitución de 1993, como consecuencia del autogolpe de Alberto Fujimori.

En el artículo 134 de la carta magna vigente otorga al jefe de Estado la facultad de "cerrar el Congreso" únicamente cuando este ha negado o censurado a dos gabinetes previamente. En el mismo decreto de disolución, el mandatario debe convocar a elecciones legislativas dentro de un plazo de cuatro meses.

En los últimos 32 años, el Congreso ha sido el poder del Estado más cuestionado, confrontativo e incluso considerado poco democrático. Este ambiente de constante fricción ha llevado a que tres presidentes disuelvan el Congreso, lo que refleja la profunda crisis institucional que ha marcado la política en las últimas décadas.

Alberto Fujimori

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Grafiti pintado en AV. Abancay. Foto: Adriano Gómez.

El segundo presidente que más tiempo gobernó el Perú de forma consecutiva fue Alberto Fujimori, con 3,770 días en el poder, solo detrás de Augusto B. Leguía. Su administración, que inició el 28 de julio de 1990 y terminó el 22 de noviembre de 2000, fue también una de las más controvertidas y cuestionadas en la historia del país. Marcada por su enfoque autoritario y la implementación de políticas drásticas, la presidencia de Fujimori dejó una huella imborrable en el Perú, especialmente por la disolución del Congreso en 1992.

Luego de ganarle la presidencia a Vargas Llosa, Fujimori enfrentó una serie de desafíos que incluían una economía en crisis, una insurgencia armada liderada por el grupo terrorista Sendero Luminoso y una creciente desconfianza en las instituciones políticas. El Congreso de ese entonces estaba dominado por partidos de oposición que cuestionaban y obstaculizaban las políticas de Fujimori, creando un ambiente de constante confrontación y parálisis legislativa.

Corzo Almeyda, menciona que el congreso bicameral de esa época, se opuso firmemente a las políticas de Fujimori, haciendo que sus reformas pasen por muchos filtros y que se lleve a Fujimori, a cometer una acción que marcaría la historia del Perú.

El 5 de abril de 1992, en una movida inesperada que sacudiría al país, Alberto Fujimori anunció la disolución del Congreso en un discurso televisado. Este acto, conocido como el "autogolpe", fue justificado por Fujimori como una medida necesaria para combatir la corrupción, la ineficiencia del Congreso y la insurgencia terrorista. Alegó que el Legislativo era un obstáculo insalvable para implementar las reformas urgentes que el país necesitaba.

En su discurso, Fujimori declaró: "Ante la imposibilidad de continuar con el proceso de reestructuración nacional debido a la constante obstrucción de un Congreso que no representa los intereses del pueblo, he decidido disolver el Congreso de la República y reestructurar el Poder Judicial, devolviendo así el poder a las manos del pueblo."

Para el ex congresista Lenin Abraham Checco del Frente amplio (2020-2021) , el autogolpe de Fujimori, no fue legítimo ni legal, porque no se siguió las condiciones para realizar estos actos, y encontró en esta media poca democrática, la forma de tomar el control del poder legislativo, y que usó y usa al terrorismo para aprovecharse de esa narrativa.

La disolución del Congreso fue acompañada de la suspensión de la Constitución de 1979, el establecimiento de un gobierno de emergencia y la intervención del Poder Judicial. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional apoyaron la medida, desplegándose en puntos estratégicos para asegurar el control del país. Políticos opositores fueron detenidos, medios de comunicación críticos fueron clausurados, y se instauró una atmósfera de temor y represión.

Con la disolución del Congreso, Fujimori no perdió tiempo en reestructurar el Poder Judicial. Despidió a jueces y magistrados, reemplazándolos por figuras que simpatizaban con su régimen. Esta movida le permitió consolidar su control sobre el sistema judicial, asegurándose de que las decisiones legales no contravinieran sus políticas. Así, el Poder Judicial se convirtió en una extensión del Ejecutivo, carente de independencia y sumiso a las directrices del presidente.

El golpe a las libertades civiles no se hizo esperar. Fujimori suspendió varios derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la libre expresión y a la protesta. Impuso severas restricciones a la prensa, clausurando medios de comunicación crítica y deteniendo a periodistas opositores. Esta represión mediática tenía un claro objetivo: silenciar las voces disidentes y controlar la narrativa pública. El país se sumió en un silencio forzado, donde solo la voz del régimen tenía cabida. No conforme con dominar el sistema judicial y los medios de comunicación, Fujimori extendió su control a instituciones clave como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Estas entidades, encargadas de fiscalizar la administración pública, fueron instrumentalizadas para proteger al gobierno de investigaciones por corrupción y malversación de fondos. Así, cualquier intento de descubrir irregularidades era rápidamente sofocado, y el manto de impunidad se extendía sobre el régimen.

Meses antes al cierre del Congreso, Fujimori implementó un conjunto de reformas económicas radicales conocidas como el "Fujishock". Estas medidas incluyeron la liberalización del mercado, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público. Aunque estas políticas lograron estabilizar la economía y controlar la hiperinflación, también tuvieron un alto costo social, incrementando significativamente la pobreza y el desempleo. La población, ya golpeada por la crisis, sufrió las consecuencias de un modelo económico que priorizaba la estabilidad macroeconómica sobre el bienestar social.

Aprovechando el pretexto de la lucha contra el terrorismo, Fujimori intensificó la represión contra los grupos terroristas, principalmente Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Se aprobaron leyes antisubersivas que permitían la detención y juicios sumarios en tribunales militares. Aunque esta estrategia fue efectiva en debilitar a los grupos terroristas, también fue criticada por las graves violaciones a los derechos humanos que involucró. 

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Collages de vídeos de víctimas en Lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social. Foto: Adriano Gómez.

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Collages de fotos de víctimas en Lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social. Foto: Adriano Gómez.

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Lum, prenda de una víctima enterrada. Foto: Adriano Gómez.

Un personaje central en el gobierno de Fujimori fue Vladimiro Montesinos, su asesor de inteligencia. Montesinos dirigía el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y fue fundamental en la consolidación del poder de Fujimori. Bajo su dirección, el SIN se convirtió en una maquinaria de espionaje y represión, monitoreando a opositores y manipulando el sistema judicial y los medios de comunicación. Además, Montesinos estuvo involucrado en numerosos actos de corrupción, desviando fondos públicos y sobornando a políticos y empresarios para mantener el control del régimen. Su influencia era omnipresente y su poder, casi ilimitado.

Poco después del 5 de abril, la comunidad internacional reaccionó con condena inmediata. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y diversos gobiernos extranjeros denunciaron el autogolpe como una violación de los principios democráticos. La presión internacional llevó a que Fujimori convocara a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático (CCD) en noviembre de 1992, cuyo principal objetivo sería redactar una nueva constitución.

El Congreso Constituyente Democrático, dominado por partidarios de Fujimori, redactó y aprobó la nueva Constitución de 1993. Esta carta magna legalizó la disolución del Congreso bajo ciertas condiciones, otorgando al Presidente la facultad de cerrar el Legislativo si este censuraba o negaba la confianza a dos gabinetes ministeriales consecutivos. La nueva constitución fue aprobada en un referéndum, consolidando el poder de Fujimori y marcando el inicio de una nueva era en la política peruana. 


Martín Vizcarra

En 2018, Martín Vizcarra asumió la presidencia de Perú tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, involucrado en un escándalo de corrupción. Desde el inicio de su mandato, Vizcarra se enfrentó a un Congreso dominado por el partido fujimorista Fuerza Popular, que bloqueaba repetidamente sus reformas anticorrupción. La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo se intensificó, llevando al país a una encrucijada política.

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Vizcarra despues de juramentar como presidente, junto a vicepresidente Mercedez Araoz. Foto: Congreso del Perú.

El 30 de septiembre de 2019, Vizcarra tomó la decisión de disolver el Congreso, una medida sin precedentes en la historia reciente del país. No por la disolución, si no, porque sería el primero de forma democrática, y apegada a la ley.  El detonante fue la insistencia del Congreso en proceder con la elección de magistrados del Tribunal Constitucional de manera poco transparente, a pesar de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. El abogado, Raúl Corzo afirma que Vizcarra alegó "denegación fáctica" de confianza, “una interpretación controversial, pero fundamentada en la Constitución”, que establece que si el Congreso niega la confianza a dos gabinetes ministeriales, el presidente tiene la facultad de disolverlo.

La reacción del Congreso fue inmediata y desafiante. Los congresistas, en una sesión de emergencia, declararon la "suspensión" de Vizcarra de la presidencia y nombraron a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta interina, quien aceptó el cargo, solo para renunciar al día siguiente, reconociendo la legitimidad de las acciones de Vizcarra. La sociedad peruana, dividida y polarizada, reaccionó con protestas tanto a favor como en contra de la medida. En las calles, los ciudadanos expresaron su apoyo a Vizcarra, viendo en su decisión un acto necesario para combatir la corrupción, mientras que otros temían un retorno a los tiempos oscuros de autoritarismo.

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Mercedez Araoz juramentando como presidente interina en el congreso disuelto. Foto: Congreso del Perú.

El excongresista Checo, afirma que esta disolución, es “el más pegado (a la ley) y el más pedido”, por la poca simpatía que tenía la mayoría de ciudadanos a un congreso, con mayoría y manejado por el fujimorimo.

Con el Congreso disuelto, Vizcarra convocó a elecciones parlamentarias para enero de 2020. Durante este periodo interino, se aseguraron de mantener el funcionamiento básico del gobierno y evitar el caos institucional. Aunque no hubo una suspensión generalizada de derechos constitucionales como en el caso de Fujimori, Vizcarra y su gobierno se enfocaron en garantizar que las instituciones clave permanecieran operativas y alineadas con su agenda de reformas anticorrupción.

Vizcarra continuó con su agenda de reformas, enfocándose en la transparencia y la integridad en la administración pública. Su administración impulsó leyes para reformar el sistema judicial y fortalecer la independencia de las instituciones fiscalizadoras. Aunque enfrentaba un Congreso fragmentado y dividido tras las elecciones de enero de 2020, logró avanzar en varias iniciativas clave que buscaban fortalecer la institucionalidad y mejorar la confianza pública en el gobierno. Estas reformas, aunque necesarias, también tuvieron consecuencias económicas. La inestabilidad política y la incertidumbre generada por la disolución del Congreso afectaron la inversión y el crecimiento económico.

El combate a la corrupción fue un pilar central en la administración de Vizcarra. La disolución del Congreso fue vista como un paso necesario para eliminar los obstáculos que impedían avanzar en esta lucha. Aunque sus métodos fueron cuestionados por algunos, Vizcarra mantuvo que era esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas.

Un aspecto distintivo de la presidencia de Vizcarra fue el rol de la sociedad civil. Organizaciones no gubernamentales, movimientos ciudadanos y medios de comunicación jugaron un papel activo en apoyar las reformas y presionar por la rendición de cuentas. A diferencia de la era de Montesinos, donde la represión y la manipulación mediática eran comunes, el gobierno de Vizcarra buscó, aunque con limitaciones, una mayor apertura y participación ciudadana.

Pedro Castillo
En julio de 2021, Pedro Castillo, un maestro rural y sindicalista, asumió la presidencia de Perú tras una reñida contienda electoral. Sin embargo, desde el inicio de su mandato, Castillo enfrentó una feroz oposición en el Congreso, dominado por fuerzas políticas contrarias a su gobierno. Las constantes amenazas de destitución y los bloqueos a sus iniciativas marcaron su administración, creando un ambiente de tensión e inestabilidad política.

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Pedro Castillo en mensaje presidencial por 28 de julio (2022). Foto: Congreso.

El 7 de diciembre de 2022, en un giro dramático de los acontecimientos, Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. Justificó su decisión alegando que el Congreso estaba orquestando su destitución con acusaciones infundadas de corrupción. El abogado Raúl Corzo, menciona que al igual que Fujimori, Castillo no cumplió los requisitos constitucionales, para disolver el congreso.

Esto ha generado mucha controversia, ya que según el ex congresista, Castillo no intentó cerrar el congreso. Lo único que hizo fue leer una arenga, un clamor popular, por lo cual no debería considerarse un intento de disolución. Sin embargo, para el abogado Corzo, el discurso de Castillo no fue una arenga, pues este tipo de discurso tiene como finalidad enardecer los ánimos de los oyentes. Según Corzo, lo que hizo el expresidente fue más bien leer un discurso que parecía un decreto. 

Al respecto, Mario Gonzales, sociologo y periodista, comenta que “no condena” el actuar de Castillo, pero lo que no puede apoyar la decisión de cerrar el congreso y reformar las instituciones, por más que solo haya sido un intento,  “¿Podemos permitir que un presidente de la república, haga una amenaza pública, de este tipo?”.

Entonces, según el sociólogo y abogado, Castillo, quien era presidente de la república, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y teniendo ciertas atribuciones constitucionales, no debería permitirse el lujo de dar este tipo de arengas o amenazas.

Esta postura, es ratificada por el exministro del interior, Cluber Aliaga, quien dijo que eso no fue una arenga, dice que el delito, tiene pasos, y Castillo tenia el arma, las balas, disparó pero estas no salieron, eso no quita que tenga la intención. Menciona ademas, que la desaprobación del congreso, se debe a que muchos solo estan por beneficios propios, que son manejados por empresarios que buscan caras "conocidas" para tener poder politico.

Castillo declaró: "Hemos tomado la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de derecho y la democracia". Este movimiento incluyó la imposición de un toque de queda y la reorganización del sistema judicial.

La medida fue rápidamente considerada ilegal por diversos sectores del país. La Constitución peruana establece que solo el presidente tiene la facultad de disolver el Legislativo en circunstancias específicas, y la acción de Castillo fue percibida como un intento de golpe de Estado. La respuesta del Congreso no se hizo esperar. Ese mismo día, en una sesión extraordinaria y con una abrumadora mayoría, el Congreso declaró la "permanente incapacidad moral" de Castillo, destituyéndolo de su cargo.

La vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia, marcando un nuevo capítulo en la crisis política peruana. La destitución y posterior detención de Castillo, acusado de rebelión y conspiración, agravó la situación, desatando una ola de protestas y enfrentamientos en diversas regiones del país. Las calles de Perú se llenaron de manifestantes quienes apoyaban a Castillo. La respuesta de las fuerzas del orden fue contundente, llevando a numerosos enfrentamientos que dejaron heridos y detenidos.

La crisis reveló profundas divisiones en la sociedad peruana y cuestionó la estabilidad de sus instituciones democráticas. Organizaciones internacionales expresaron su preocupación por la situación en Perú, y se realizaron llamados a respetar el orden constitucional y los derechos humanos. El gobierno de Dina Boluarte, aunque inicialmente recibido con cierta esperanza de estabilización, se enfrenta al desafío de restaurar la confianza en el sistema político y abordar las demandas de una población profundamente afectada por la polarización y la desconfianza.

El camino por delante es arduo y lleno de obstáculos. La tarea de Boluarte no es sencilla: debe lidiar con un Congreso dividido, una economía en recuperación tras la pandemia y una sociedad que clama por justicia y equidad. Pero ella ha sabido mover sus fichas, para quedarse hasta el 2026, juntándose con la derecha que meses antes llamaba golpistas.

¿El más apoyado?:
Según las encuestas publicadas en esas fechas, la disolución que más apoyo recibió de la opinión pública fue la de Martín Vizcarra, que alcanzó un 81% de aprobación según Ipsos (2019), la de Castillo tuvo una baja aprobación del 16% según Ipsos (2023), mientras que la de Fujimori estuvo muy cerca de la de Vizcarra con un 80% (IEP-1992).

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Frente al congreso en AV. Abancay. Foto: Adriano Gomez.

Para el excongresista, Lenin Abraham Checco, el intento de disolución de Castillo o “una arenga”, como lo dice él y un sector de la izquierda, fue el más legítimo y justificado, para el abogado Raúl Corzo, el más sensato fue el de Vizcarra.

Para Rosa Fuentes, especialista en derechos humanos del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), el orden constitucional define muchas veces la defensa y permanencia del estricto respeto a los derechos humanos, cuando se disuelve el congreso sin sustento de la ley, se podría también no respetar los derechos de las personas que salgan a expresar esa disconformidad. 

Ella nos comenta que durante el fujimorato hubo muchas violaciones a los derecho humanos y muertes extrajudiciales, como el caso Barrios Altos, Pativilca y la Cantuta. Al igual que en el 2022-2023, después del intento de golpe de Castillo, miles de personas el sur andino del país, salieron a manifestarse, cobrando la vida de más de 54 manifestantes, que hasta hoy, no tienen justicia.

Para Mario Gonzales, en Europa, el poder legislativo e instituciones, han cumplido en construir una sociedad poderosa, opulenta, y “lo que funcionó bien allí (Europa), parece no funcionar aquí (Perú)”. Para él, somos un estado muy débil y caótico. 

SALVO LA DEMOCRACIA, TODO ES ILUSIÓN:

Las tres disoluciones del Congreso han dejado una profunda huella en el rumbo político del Perú moderno, marcando desde una dictadura que ingresó con tanques al Congreso, hasta un intento fallido que culminó con la captura del protagonista en el tráfico de Lima. En medio de estos extremos, se encuentra una disolución realizada dentro del marco legal, pero que posteriormente enfrentó represalias políticas en noviembre de 2020.

Sin embargo, ¿es la alta desaprobación hacia este poder del Estado simplemente resultado de su estructura y representación? Este cuestionamiento se amplifica con la presencia de figuras que parecen estar más interesadas en sus propios intereses que en el bienestar del país. El Perú parece clamar por un líder "antisistema" que pueda desmantelar la estructura de un estado que muchos consideran fallido, especialmente en el sur andino, una región que históricamente ha respaldado a aquellos que prometen cambios estructurales profundos.

¿Necesita el sistema político un cambio radical para responder mejor a las demandas de sus ciudadanos?

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